Gustavo Camilo

30 Nov 2020 - Gustavo Camilo

El 20 de octubre, 2020, el gobierno del presidente Donald Trump sometió una demanda a las cortes federales de Estados Unidos acusando a Google de “mantener monopolios en los mercados de búsqueda y publicidad online.”¹ Este hecho se ubica en el contexto de una revisión integral de la relación de las cuatro grandes compañías de tecnología, Facebook, Amazon, Apple y Google, (las “FAAG”), con el gobierno federal y la economía de EEUU en general, la cual inició con ciertos cambios de política fiscal que afectaban principalmente a las FAAG, y ahora con acciones de política de competencia (antitrust en inglés).

En junio de 2019 el Subcomité de Políticas de Competencia del Congreso de EEUU inició una investigación bi-partidaria sobre “Competencia en los Mercados Digitales,” buscando “examinar la preponderancia de Amazon, Apple, Facebook, y Google, y sus prácticas de negocios para determinar cómo su poder afecta nuestra economía y democracia.”² Esta investigación incluyó conflictivas reuniones públicas con los CEOs de estas empresas y una revisión de 1.3 millones de documentos. Este 6 de octubre 2020 comunicaron hallazgos y recomendaciones en un reporte de 449 páginas, en el que detallan los diversos mercados en que participan las FAAG, su estructura, barreras de entrada, y los efectos en la economía, privacidad, prensa, y sobre la libertad económica y política.

En dicho reporte a la vez que reconocen los beneficios económicos del surgimiento del internet y de estas compañías, concluyen que la economía digital se ha vuelto altamente concentrada y propensa a la monopolización, ya que varios de los mercados objeto de su investigación (por ej. redes sociales, búsqueda en línea general, tiendas de aplicaciones, mapas, y publicidad en línea), están dominados por una o dos empresas las cuales actúan para prevenir la entrada de nuevos competidores. A partir de estas observaciones hacen recomendaciones que afectarían la forma en que operan estas empresas, como por ejemplo: la prohibición y/o separación para operar en líneas de negocio adyacentes, así como requisitos de interoperabilidad y portabilidad de datos. Recomiendan también la prohibición de futuras fusiones y adquisiciones y el reforzamiento de las leyes de proyección de la competencia, entre otras.

Semanas después de la publicación del reporte, el Departamento de Justicia y once estados de los EEUU, han sometido una demanda en contra de Google por mantener monopolios en los mercados de búsqueda, publicidad de búsqueda, y publicidad online general. Esta demanda viene un año y medio después de la multa de $1.5 billones de euros impuesta por la Comisión Europea a Google por prácticas anticompetitivas en publicidad digital.

El mercado de servicios de búsqueda de páginas web ha sido dominado por Google desde inicios de los 2000, al desarrollar un algoritmo que producía resultados más relevantes con menores costos que la competencia.³ Esta alta concentración de las búsquedas realizadas en EEUU aún se mantiene, con Google representando más del 87% de las búsquedas del país. Google dio el segundo paso de su modelo de negocios en el año 2000 al introducir publicidad junto a los resultados orgánicos de la búsqueda, convirtiéndose así la publicidad digital en la línea de negocios más importante de la empresa, representando el 61% de las ventas.

Las regulaciones de competencia de manera general no buscan penalizar grandes participaciones de mercado, ya que no son evidencia suficiente para determinar que ha habido daño. Estas regulaciones buscan promover la competencia efectiva, y que exista un terreno de juego equitativo para todos los participantes de un mercado. En esta demanda el gobierno alega que ciertas prácticas anticompetitivas de Google son las que le han permitido llegar a esa escala. En otras palabras, se acusa a Google de abusar de su posición dominante, lo cual si es regulado.

El Departamento de Justicia del presidente Trump alega que Google utiliza prácticas anticompetitivas para proteger su control de las búsquedas en línea al tomar acciones para ser la opción predeterminada tanto en los buscadores de PC como móviles. Observan además que resulta crucial para competir haber alcanzado una gran escala, debido a los altos costos fijos para desarrollar un buscador y acumular datos, los cuales son usados para mejorarlos y monetizar más eficientemente a los usuarios.

En la República Dominicana estas son las únicas demandas permitidas en la regulación local (incluyendo demandas por competencia desleal), a diferencia de EEUU donde la mayoría de las demandas de política de competencia que se llevan a cabo buscan evaluar si una fusión de dos compañías tendría efectos anticompetitivos en el mercado.

El grueso de la demanda usa evidencia del lado de búsqueda móvil, el cual representa el 60% de las búsquedas, alegando que al adquirir el sistema operativo Android y abrirlos a productores de teléfonos móviles, Google estaba construyendo su alta participación en el sector, al requerirle a los productores la utilización de un sistema operativo que preinstalen a Google (y otras de sus aplicaciones) como su buscador predeterminado. Adicionalmente, Google compensa a los productores de teléfonos móviles con un porcentaje de los ingresos de publicidad que se haya generado en un teléfono producido por ellos, incluyendo un supuesto pago de $12 billones de dólares en 2019 a Apple para ser el buscador predeterminado en sus productos.⁴

Las correcciones perseguidas por la demanda están descritas de manera muy vaga, pero la investigación realizada por el Congreso otorga mayor claridad en torno a las soluciones que está viendo el gobierno de EEUU. Las recomendaciones incluyen, entre otras: 1) separar las líneas de negocio de las FAAG, ya sea separando la titularidad de los negocios, o realizando separaciones funcionales, donde se restringe la forma organizacional de la empresa que tiene los negocios regulados; 2) implementar reglas que prevengan discriminación, favoritismo, y auto-preferencia; 3) promover innovación e interoperabilidad; 4) prohibición de adquisición o fusión con compañías a menos que prueben que son necesarias para el interés público; 5) mejorar las leyes, políticas y prácticas de competencia. Estas recomendaciones están más cercanas a las políticas de hace 100 años sobre competencia de Teddy Roosevelt que a la práctica moderna de las agencias reguladoras.

El éxito de esta demanda dependerá de los argumentos que Google pueda traer a la mesa, centrándose en el hecho de que los usuarios disponen de otras opciones, y eligen a Google; y sobre como ellos no mantienen barreras de entrada a potenciales competidores. Del lado del gobierno, dependerá de que puedan demostrar un daño tangible a los consumidores, tales como que reducen la calidad de la búsqueda (incluyendo dimensiones como privacidad, protección de datos, y el uso de la data de los consumidores), disminuyen las opciones, e impiden la innovación.

Seguiremos atentos